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Es calcula que un 10% de la población española sufre pobreza energética. Es decir, que tiene dificultades para mantener unas condiciones de temperatura adecuadas (18ºC en invierno y 25ºC en verano). Esto supone para muchas familias limitaciones en actividades de la vida diaria tan básicas como cocinar, iluminar el hogar, conservar los alimentos, disponer de agua caliente o poner la calefacción.

actualmente, a Catalunya, los instrumentos políticos y legales aún no garantizan el uso y el acceso a la energía a un precio justo. Principalmente se están aplicando medidas correctivas de urgencia que actúan sobre un hecho puntual como, por ejemplo, el pago de facturas de gas y electricidad, pero que no resuelven el problema ni prevén situaciones futuras. Por otra banda, el sector energético español es poco transparente con el consumidor: está poco diversificado y pocas empresas controlan la mayor parte del mercado. Esto les permite regular los precios y la cantidad y calidad de la producción, de modo que el interés de la mayoría de los consumidores no queda suficientemente protegido. En los últimos años, los precios de la energía no han parado de aumentar, y parece que esta tendencia continuará en los próximos años, lo que se traducirá en un aumento de los casos de pobreza energética.

Las consecuencias derivadas de la pobreza energética fundamentalmente tienen que ver con: afecciones a la salud, disminución del rendimiento físico y académico, problemas sociales y relacionales (extrafamiliars i intra), degradación de los edificios, incremento de las emisiones de CO² (con los consecuentes efectos sobre la salud pública), y deuda excesiva de las familias.

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