Desde ABD queremos expresar nuestra indignación y consternación por la muerte de una mujer en Reus (Tarragona) como consecuencia de una situación extrema de pobreza energética que se podría haber evitado. Este hecho es una trágica evidencia de cómo las empresas suministradoras incumplen continuamente la legislación vigente -la ley 24 / 2015- que las obliga a solicitar un informe a Servicios Sociales antes de hacer un corte. Recordemos que si la persona afectada cumple los requisitos de exclusión residencial, no se le puede cortar el suministro y se le debe ofrecer ayudas a fondo perdido.
La pobreza energética tiene impactos tanto directos como indirectos en la salud de las personas. No poder acceder a suministros básicos como agua, gas y luz empeora el estado físico y psicológico de las personas afectadas e incrementa la mortalidad por afectaciones cardiovasculares y respiratorias. Entre las consecuencias indirectas existe la limitación en la actividad física y una disminución de la interacción social, entre otros. En última instancia la pobreza energética empuja a las personas a debatir entre calentarse o comer.
Una vez más pedimos a las autoridades y administraciones que se mantengan firmes y sancionen a aquellas empresas suministradoras que incumplen la ley.
Para reivindicar el cumplimiento de la ley 24/2015 y recordar que la pobreza energética mata, el pasado 16 de noviembre se celebró una concentración a las 20:00h en la Plaza Sant Jaume para hacer oír nuestra voz.
¡La energía es un derecho!
