Bajo este título provocador sólo se esconde una voluntad de reflexión. En los organismos internacionales hay un marcado consenso de que la mejor medida contra la pobreza energética a largo plazo son las medidas de eficiencia energética. No les falta razón, pero mientras tanto?
A veces las políticas públicas sufren un cierto sesgo fruto de la procedencia social y profesional de quien las formula. En este sentido, hablar de copago en la sanidad o en ciertos servicios, de reducción del gasto doméstico, de apretar el cinturón en general, denota la posición de clase desde donde se formulan estas afirmaciones; una posición social de quien puede reducir gasto doméstico, de quien puede copagar la sanidad o de quien puede hacer renuncias en sus gastos superfluos. Con la pobreza energética pasa un poco lo mismo.
La Comisión Europea, la Agencia Internacional de la Energía o el Departamento de Vivienda de la Generalitat afirman, no faltos de razón, que la eficiencia energética es la mejor solución a la pobreza energética a largo plazo. La mirada es centra aquí, en una sola de las tres causas consensuadas de la problemática.
Quien defiende estas posiciones lo hacen mediante cálculos de retorno de inversión a medio y largo plazo, hablan de miles de euros y de las grandes ayudas de la administración que financian hasta el 50% de las obras. Las motivaciones son económicas, pero los principales argumentos son de ahorro energético, de reducción del consumo, d'emisiones, de beneficios para el medio ambiente, etc.. Son valores posmodernos y, saber , la posmodernidad, si ha llegado, no ha llegado para todos. En una sociedad desigual como la nuestra, en todos los escalones de la pirámide de Maslow hay personas y las que sufren pobreza energética son abajo del todo. Actualmente con las políticas de rehabilitación energética se produce un efecto Mateo que hace que quien más se beneficia no sea quien más lo necesita, dada esta visión clase-céntrica del diseño de las políticas públicas. La defensa de la eficiencia energética también radica en el hecho de que los factores políticos y de mercado son volátiles y no perduran, pero obvian que la pobreza energética es una problemática urgente para quien la padece. Quien no la padece puede mirar en el largo plazo.
Proyectos como el nuestro deben permitir aportar dosis de realidad cotidiana los decisores públicos, ya que la distancia social entre los receptores de las políticas y quien las diseña suele ser uno de sus motivos de fracaso.
Las personas que atendemos en este proyecto necesitan aumentar de forma urgente su consumo energético. No pueden ahorrar más ni consumir menos. No calientan el agua ni la casa, no usan las vitrocerámicas y viven a oscuras. Estas situaciones extremas son fruto de carencias sociales graves, de situaciones de ruptura que hacen imposible plantear la más mínima inversión en infraestructura y menos esgrimiendo argumentos ambientales. La población más precarizada se caracteriza por una gran inestabilidad vital: irregularidad en los ingresos, movilidad residencial, falta de acceso a derechos de vivienda (contratos de alquiler, reclamaciones, …), vivir al día. No es planteable una inversión de miles de euros con un retorno de inversión a 10 años y que se debe hacer de acuerdo con todos los vecinos por miles de personas que hoy en día viven en unas situaciones de precarización alarmantes. No le podemos pedir a una persona que se ducha todos los días del año con agua fría que sea eficiente. Las personas que sufren pobreza energética, sufren otras pobrezas y desafiliación, necesitan soluciones inminentes y sus preocupaciones son materiales y de subsistencia. Hay, pues, otras cosas.
Lo que vemos en nuestra tarea es que las medidas con mayor impacto son las que tienen que ver con los cambios tarifarios, es decir, modificaciones contractuales dado el desajuste existente entre servicios contratados y necesidades, y también la configuración actual del precio. Este es un hecho, pues, que se relaciona con los derechos e información de los consumidores; no és menor, pues. Estas actuaciones permiten, precisamente, aumentar el consumo energético para garantizar un mínimo de dignidad y salubridad en los hogares.
Recordemos que las tres causas consensuadas de la pobreza energética son el estado de los edificios, el precio de la energía y los ingresos del hogar. California, pues, actuar en estos tres frentes y desde una triple visión de la problemática: como situación, riesgo y proceso.
en la lata, pues, focalizar los esfuerzos y el discurso hacia las medidas de eficiencia energética, ya que es como una patada adelante que nos hace perder cosas más importantes mientras corremos mirando a arriba para atrapar la pelota. El discurso Monofactorial de la eficiencia energética permite también hacer frente a esta problemática sin cuestionar el modelo ni las estructuras sociales. No es casual que los hogares en peor situación de habitabilidad estén habitadas por personas en situación de exclusión y, por tanto, pobreza energética.
Antes hay que solucionar otras cosas de carácter más estructural y relacionado directamente con los derechos de ciudadanía y el modelo energético, sino corremos el riesgo de avanzar constantemente hacia una solución que nunca llega. Podemos tener una configuración de precio como la que tenemos, que nos obliga a pagar aunque no consumimos nada? Podemos mantener la provisión de un bien como la energía en el mercado? Podemos permitir las situaciones de abuso y desinformación en el mercado energético?
No puede haber solución a un problema como éste sin cuestionar el modelo social bajo el que se produce, se distribuye y se provee la energía.
[…] Més de 3 milions de catalans i catalanes no poden fer front a despeses imprevistes, això significa que no podran pagar una factura excepcionalment alta, la reparació d’algun aparell espatllat o la renovació dels electrodomèstics per uns de més eficients. Tampoc podran encarar reformes a la llar que en millorin l’eficiència, ni tant sols si l’administració en financia una part, com apuntàvem en aquest post. […]