Desde Energía Justa quisiéramos compartir algunas reflexiones sobre el bono social y la situación de las personas mayores que viven solas. Trataremos tanto una parte de la normativa que regula estas ayudas, como su tramitación. En este primer artículo, hablaremos de la primera parte.

Como sabemos, la normativa actual del bono social, vigente desde el 2018, otorga una bonificación en la factura que puede ser del 25%, 40% o 100% para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad. Recientemente, para hacer frente a los precios desbocados de la electricidad en los últimos meses, se aprobó, entre otras medidas, una modificación temporal que aumenta dichos descuentos.

Según los datos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), el número de contratos de luz acogidos al bono social pasaron de 2.332.650 en diciembre 2017 a 1.161.214 en mayo 2021, es decir, durante casi dos años y medio, se perdieron alrededor de 1,2 millones de contratos con bono social; lo que probablemente represente una cifra cercana a la de 3 millones de personas afectadas (asumiendo la media española de 2,5 personas por hogar).

Como los datos de pobreza energética en España durante ese período no indican que esta haya disminuido, debemos asumir que la disminución en contratos acogidos al bono social se debe a una mayor dificultad en su tramitación.

Debemos recordar, que hasta el 2018 la normativa del bono social contaba con una especie de “cajón de sastre” que daba la posibilidad de acceder al bono social de manera automática por contratar una potencia inferior a los 3kW. En diciembre de 2017 había 1.645.948 contratos acogidos al bono social por este motivo. La nueva normativa no contempla esta posibilidad.

Sabemos desde nuestra experiencia en Energía Justa que muchas personas mayores, con viviendas pequeñas y pocos electrodomésticos contrataban poca potencia y aquí encontramos una primera dificultad para las personas mayores, ya que para tramitar el bono social actual deben presentar varios documentos, no siempre fáciles de conseguir. También se ven obligadas a tramitar dicha ayuda cada dos años. Adicionalmente, las personas mayores que viven solas, para completar el trámite del bono social deben presentar un documento que demuestre su estado civil.

La normativa actual del bono social indica que, si el titular no forma parte de una unidad familiar, debe aportar una “hoja individual del Registro Civil”, pero si buscamos en los distintos registros civiles de España, no existe un documento con dicho nombre. En cambio, los registros y las empresas eléctricas nos indican que se trata del certificado de fe de vida y estado, que acredita que la persona está viva y también certifica su estado civil.

En una aparente ayuda para quien pudiera tener dificultades para conseguir esta hoja individual (que como ya hemos dicho, es en realidad el certificado de fe de vida y estado) la normativa nos dice también que “Hasta que sea posible la expedición de la hoja individual del Registro Civil conforme a la normativa reguladora, podrá presentarse cualquier documento expedido por la autoridad competente que acredite de manera fehaciente el estado civil del solicitante”. Sin embargo, a través de nuestro programa Energía Justa, no hemos podido dar con esta alternativa propuesta. Por lo tanto, de confirmarse nuestra experiencia, no vemos que este texto legal aporte ninguna simplificación, ya que representa sólo una declaración de intenciones.

Finalmente, nos encontramos que la expedición del certificado de fe de vida y estado no se hace de manera similar en todos los municipios. Por ejemplo, en alguno de ellos no se le expide a las personas extranjeras, aunque hayan vivido en España la mayor parte de su vida.

Aquí hemos querido reseñar algunos obstáculos normativos que dificultan que las personas mayores que viven solas puedan obtener con facilidad el bono social. En un segundo artículo, presentaremos algunas dificultades prácticas que hemos ido encontrando a través de la experiencia de nuestro programa.

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Energía Justa es un programa impulsado por Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD) y Ecoserveis, dos entidades sin ánimo de lucro que operan en el ámbito social y energético. En Madrid está financiado por Fundación Montemadrid y Caixabank. En Cataluña el proyecto está financiado por la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona, y ha recibido premios o ayudas puntuales de otras entidades como Som Energia, la Filadora y el Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña (CEEC).